Daniel Bosque Homs, 23 feb (AFP).- Las fotos algo descoloridas de María Luisa Braña, su marido y sus cuatro hijos dan el toque hogareño al salón de su casa en las afueras de Madrid que, hace sólo ocho meses, iba a quedarse sin inquilinos.
Con todos sus miembros desempleados, la familia Braña iba a ser desahuciada por no pagar la hipoteca, hasta que intervino una plataforma ciudadana que lucha contra estos casos, una de las caras más amargas de la crisis que sacude España desde 2008.
Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y con el aumento del desempleo en España, muchas familias se han visto incapaces de pagar sus hipotecas y muchas de ellas han sido desahuciadas.
Este fue el caso de los Braña, que compraron un piso de protección oficial en 2005, en pleno boom inmobiliario, y tres años después se encontraron todos en el paro e incapaces de pagar la hipoteca de la casa, que fue embargada por el banco.
"Nadie me hizo caso. Tienes una sensación de impotencia. Además, sabes que debes ese dinero y te sientes muy culpable. Pero yo no soy morosa.
No pagué porque soy pobre. Estoy viviendo con 420 euros y lo que me ayuda mi suegro", explicó a AFP María Luisa Braña, de 52 años y exmanipuladora de alimentos.
En el pequeño salón de su piso, con grietas y humedades en las paredes, esta mujer de pelo canoso y mirada clara pero cansada recuerda con "vergüenza y rabia" el hecho de que ella, su marido cocinero y sus cuatro hijos adultos estuvieran a punto de quedarse en la calle.
Tras llamar a muchas puertas, "todas cerradas" lamenta, acudió a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que lucha desde hace cuatro años contra los desahucios.
En la PAH la asesoraron legalmente y, tras conseguir un aplazamiento del desahucio programado para julio de 2012, en septiembre obtuvieron un contrato de alquiler social por 350 euros mensuales durante siete años que permitió a la familia quedarse en su casa.
Pero aun así "no tienes alivio. Si me retraso un solo mes en el alquiler, me quitan el piso", explicó María Luisa, que sufrió un infarto hace unas semanas y cuya situación económica es aun "muy mala".
En los últimos cuatro años, la PAH asegura haber paralizado 576 desahucios y ha movilizado a la sociedad contra lo que entienden como "una estafa del sector financiero".
"España tiene una de las leyes más injustas que deja a las personas totalmente desamparadas frente a la hipoteca", explicó a AFP Ada Colau, portavoz de la PAH, que reivindica que "la gente no se endeudó por capricho" sino por unas políticas públicas durante el boom que lo incitaron.
En noviembre, tras una ola de suicidios que conmocionó al país, el Gobierno se vio empujado a aprobar una moratoria de dos años en los desahucios de las familias más vulnerables.
Pero la ciudadanía quiere ir más allá y el 12 de febrero la PAH consiguió que el Congreso admitiera a trámite una iniciativa legislativa popular apoyada por 1.400.000 firmas para detener los desalojos y aplicar la dación en pago para saldar la deuda hipotecaria.
Mientras, su movimiento sigue ganando adeptos como la Unión de Cerrajeros (UCES), que desde noviembre no participa en más desahucios por un "problema de conciencia y responsabilidad civil".
"Estábamos dejando a familias con niños en la calle. Al final, nosotros éramos lo verdugos: los que agarrábamos el hacha y cortábamos el cuello", explicó su presidente David Ormaechea.
Esta semana, varios cuerpos de bomberos regionales siguieron su ejemplo tras el intento de desalojo de una anciana de 85 años en La Coruña (Galicia, noroeste) que se había retrasado en el pago de un mes de alquiler.
"Nosotros ayudamos a los ciudadanos, solamente abrimos una vivienda cuando hay un peligro dentro. Echar a una mujer de 85 años de su casa no es un peligro", señaló Pedro Campos, un bombero de Madrid.
Desde 2008, el Consejo General del Poder Judicial ha contabilizado alrededor de 350.000 órdenes de ejecución hipotecaria en España, aunque muchas de ellas no se corresponden a primeras viviendas, un dato difícil de conocer.
Sin embargo, no ha sido hasta los últimos meses que la presión popular ha colocado este problema en la agenda de los partidos políticos que parecen dispuestos a abordar una de las caras más duras de esta crisis.
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